Opinión Rector Usach: Que la gratuidad no mate la inclusión

Nov
27
2018
"Los jóvenes como las instituciones que han adherido a la política de gratuidad, lo hicieron bajo condiciones distintas de las que hoy se están aplicando. Por tanto, resulta urgente una modificación legal o presupuestaria que resuelva este problema de carácter social y financiero", afirma Juan Manuel Zolezzi, Rector de la Universidad de Santiago de Chile en su columna de opinión en el Diario La Tercera.

El próximo 10 de diciembre se celebran los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los derechos fundamentales que consagra este documento está el de la educación, y como elementos constitutivos, el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Paradójicamente, dicha conmemoración puede verse empañada por el déficit que tendrán el próximo año las universidades adscritas a la gratuidad en el marco de los plazos y exigencias que establece la Ley de Educación Superior 21.091, promulgada en mayo de este año.

Como Universidad de Santiago de Chile vivimos el cuarto año del proceso de gratuidad, lo que ha permitido que aproximadamente más de 10 mil 650 jóvenes accedan a la educación superior sin recurrir al endeudamiento, representando el 55% del estudiantado. Nuestra misión como universidad estatal y pública, no solo se centra en la formación de excelencia de nuestros estudiantes. También en las posibilidades de acceso y acompañamiento de aquellos jóvenes vulnerables que, en muchos casos, son los primeros integrantes de sus familias en ingresar a la educación superior.

A partir de la desigualdad y segregación que presenta el sistema escolar y secundario, como Universidad hemos asumido el compromiso de ofrecer a nuestros estudiantes herramientas que les permitan nivelarse en contenidos y potenciar sus habilidades, asegurando, con ello, su permanencia. En esta labor, hemos sido reconocidos por universidades nacionales e internacionales, por el Estado y por Unesco.

En los últimos días, varias casas de estudios han manifestado su preocupación por las consecuencias que conlleva la gratuidad para las universidades, entendiendo que el Estado no se hará cargo de aquellos estudiantes que superen la  duración nominal de la carrera. En este sentido, el 2016 señalé que cambiar de paradigma de un beneficio a un derecho significaba también cambiar el concepto de  suministrar recursos a la demanda por suministrar recursos a la oferta. Porque entrar a la gratuidad nunca estuvo en discusión, especialmente para las Universidades del Estado, por eso tajantemente indiqué que no aceptaríamos déficit de recursos.

Entonces, ¿Por qué las Universidades que trabajamos la inclusión podríamos vernos afectadas? Entendemos que una ley, por su forma de aprobación, es el resultado de muchas contribuciones, algunas acertadas, otras no tanto. Si se han cometido errores u omisiones en la aprobación de la Ley 21.091, estamos todavía a tiempo para subsanarlos.

El sueño de una carrera universitaria podría verse truncado para más de 2 mil estudiantes que integran nuestra casa de estudios, quienes perderían la gratuidad el 2019 por los plazos y formas de cobro que estipula la ley, provocando, a su vez, un déficit económico institucional.

Cabe señalar que tanto los jóvenes como las instituciones que han adherido a la política de gratuidad, lo hicieron bajo condiciones distintas de las que hoy se están aplicando. Por tanto, resulta urgente una modificación legal o presupuestaria que resuelva este problema de carácter social y financiero.

Nadie duda del rol que cumplen las universidades para el desarrollo del país. Es por eso que la gratuidad, tan anhelada por distintos sectores de la sociedad, debe hacerse cargo de las brechas económicas que resultan a consecuencia de su implementación. La educación es un derecho consagrado que debe estar al alcance de todas y todos, de acuerdo a sus capacidades y méritos, independiente de su situación económica. No deben existir discriminaciones arbitrarias que impidan a las personas desarrollar sus talentos en este ámbito. Y el Estado debe ser garante y no coartar ese derecho.

Por lo tanto, el Estado debe ayudar a corregir las desigualdades de la educación general. No puede castigar nuevamente a los jóvenes que ingresaron al sistema de educación superior, con ayuda de herramientas de inclusión, y ahora están perdiendo la gratuidad porque les tomará un año más terminar sus estudios.

Desde la Universidad de Santiago de Chile seguiremos trabajando como institución pionera en inclusión. Tenemos la convicción que este compromiso debe permear a todo el sistema educacional chileno. De esta manera, podremos conmemorar con efectivo orgullo la Declaración Universal de los Derechos Humanos.